JOSÉ MIGUEL DE DOMINGO CASADO

La definición, establecimiento y logro de una importante relación de derechos fundamentales y libertades públicas ha sido una ardua tarea en la historia de la Humanidad. Derechos que, solo muy recientemente y no con carácter global, se han implantado en nuestras sociedades.

Las diferentes constituciones de los países occidentales, y entre ellas, la española de 1978, recogen una relación de derechos y libertades que sirven de soporte a la convivencia pacífica, a la organización de la sociedad y al desarrollo individual de las personas, con un firme reconocimiento de esta individualidad.

Todo esto garantiza que en la sociedad convivan personas de diferentes razas, orientaciones sexuales, ideologías políticas, convicciones o creencias religiosas o no creencias, con aparente normalidad, porque en su base o fundamento está el respeto a lo diverso y la tolerancia ante la diferencia. Afortunadamente, parecen lejanos los tiempos en los que lo normal era unidireccional y cualquier opinión o comportamiento extraño a ello estaba penado, no solo ya con la marginación o el desprecio, sino incluso con la cárcel. Es cierto que, de vez en cuando, surgen movimientos o ideas que ponen en tela de juicio algunos o muchos de esos derechos, amenazas que nos hacen dudar de nuestra identidad, tan duramente conquistada.

«Me ha sorprendido que en el debate político, social e individual la trascendencia de algunos de esos derechos, como el derecho a la vida, a la integridad física o a la dignidad de las personas, no se haya defendido radicalmente»

El año 2020 ha cruzado por nuestras vidas como un tornado y ha dejado secuelas en cada rincón de nuestra conciencia y de nuestra sociedad. Un algo invisible ha trastocado la racionalidad, el sentido común, la jerarquía de valores, el fundamento de una supuesta satisfacción individual y la banal e intrascendente sensación de bienestar y libertad social y personal.

Y lo curioso es que ya entrado el 2021, como un relámpago terrorífico que no muestra en el trueno nada más que un enorme fracaso humano a nivel mundial, tanto en su capacidad para una estrategia común como de liderazgo. Nuestra esperanza no es tanto que esto pase sino que recuperemos esa sombría mediocridad, ese movimiento irracional de ir a todas las partes sin querer quedarse en ninguna, esa incapacidad absoluta para pararse en el interior y observar el cristal que simula esa apariencia de vida, esa indiferencia por destruir el planeta. En fin, tantas cosas que obviamos en la ruleta de lo material. Y, al mismo tiempo, por ese hedonismo y esa falta de compromiso con el sacrificio que ha caracterizado a sociedades supuestamente menos libres, nuestros mayores, nuestros familiares o nuestras amigas y amigos siguen sufriendo, perdiendo sus trabajos y algunas de ellas o ellos, y no los menos, su vida.

Y ahí es donde surge mi conflicto intelectual. La Constitución expresamente no clasifica los derechos y libertades que defiende jerárquicamente, parece sin más una relación con el mismo valor jurídico y con el mismo nivel de protección. Es verdad que se deduce de su artículo 116 que algunos podrían no tener, en todo caso, ese alto nivel de reconocimiento y permite que, en determinadas situaciones, se limiten o suspendan. Lo que de hecho se ha producido con esa avalancha de normas de difícil comprensión. Harto de estudiar y aplicar normas, uno sueña con un mundo en el que el ser humano pueda organizarse con la simple regla de que su libertad está limitada por la libertad del otro, sin necesidad de que nos regulen cada minuto que vivimos o cada paso que damos. Todo ese conjunto de normas mundiales, europeas y nacionales son deprimentes.

«El año 2020 ha trastocado la racionalidad, el sentido común, la jerarquía de valores, el fundamento de una supuesta satisfacción individual y la banal e intrascendente sensación de bienestar y libertad social y personal»

Pero me ha sorprendido que en el debate político, social e individual la trascendencia de algunos de esos derechos, como el derecho a la vida, a la integridad física o a la dignidad de las personas, no se haya defendido radicalmente. También, que la indignación en las calles, en las redes sociales, en los medios de comunicación y en las entrevistas, se haya centrado más en la libertad individual y en el atentado a la libertad de expresión. Y no solo en España, en países en los que uno tiene confianza en que sus instituciones y sus normas, por su arraigo, son veneradas y respetadas, se han oído exabruptos inconcebibles y a la altura de personas incapaces de comprender y compadecer nuestra vulnerabilidad.

Muchos de nosotros, por nuestra edad, hemos perdido a nuestros padres, a nuestros tíos o incluso a nuestros amigos en este último año. Personas que entre los años cincuenta y noventa del siglo pasado, lucharon por una sociedad más libre, más justa y más igualitaria. Personas que salieron a la calle para reclamar libertad social, salarios más justos, mejores derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Mujeres que quisieron tener voz y ser escuchadas y rompieron algunos de los muros más robustos. Mujeres y hombres que por su orientación sexual, se atrevieron a mostrarse al resto y, poco a poco, y con mucho miedo, abrieron pequeños agujeros de igualdad y de derechos.

Por todos y todas ellas, estas palabras son un alegato por la vida. Esa vida que ponemos en riesgo cuando priorizamos esos otros derechos, que tanto nos engalanan cuando nos afectan individualmente y no tanto cuando se refieren a otros. Un alegato final por la dignidad; y me refiero a la dignidad de las personas que pasan horas en los hospitales o en los laboratorios buscando una solución que conduzca al resto, de nuevo a su paraíso vital, es decir, a ese ser tan libre que viaja con su cerebro encadenado.

Imagen de Gustavo Mendes en Pixabay

 

José Miguel de Domingo Casado pertenece a la Escala de Técnicos Superiores Especializados de OPIS. Actualmente es Subdirector Adjunto de Personal en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y preparador del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado en SKR.

 

 

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