La tentación de situarnos en un momento fundacional de lo que sea es muy poderosa. Las circunstancias extraordinarias, los cambios disruptivos (ojalá este neologismo tan devaluado en su uso para designar todo como hortera pase de moda rápido), los hitos que marcan un antes y un después… son, con carácter general, momentos no tan especiales que los humanos, en nuestro afán de trascendencia y nuestro miedo a la irrelevancia, elevamos a la categoría de únicos, históricos y otros epítetos que mantienen a raya la tendencia al existencialismo.
Para los políticos y los gestores públicos, esta práctica de ver a San Pablo cayéndose del caballo cada cierto tiempo tiene, además, otra ventaja añadida: aplicado a lo que no se ha hecho, se ha hecho mal o ha quedado obsoleto por falta de mantenimiento, sirve para hacer borrón y cuenta nueva. Paren las máquinas, no se critique más lo que había antes, unamos los esfuerzos y voluntades en asumir el nuevo reto (palabra cuyo uso posmoderno requeriría un amplio estudio), tenemos un nuevo objetivo, un nuevo marco de referencia, un cambio de paradigma… Creo que se entiende.
La crisis del COVID-19 resulta, y esto es innegable, un candidato superdotado para ostentar esta categoría. Como explica Ramonet, nos encontramos ante lo que las ciencias sociales califican de hecho social total por su alcance cualitativo y, sobre todo, cuantitativo.
Sin embargo, si algo hemos aprendido en la Historia de la Humanidad es que no hay nada más parecido a una crisis que otra crisis. Y si bien puede que después de este periodo de cuarentena algunas políticas públicas tengan que cambiar, otras muchas deben continuar o iniciar sus reformar por un camino incremental y sosegado. Esta crisis, más que mostrarnos un nuevo orden mundial, nos sitúa como un espejo ante las debilidades de nuestro sistema; el terrible impacto del Coronavirus es una consecuencia, no una causa, y mal haríamos en entenderlo al revés.
Es el caso, sin duda, de las políticas referidas al Bienestar, desde luego en España y podríamos decir que en todo el mundo.
El estado del Bienestar es quizá una de las construcciones políticas y sociales más complejas y más refinadas de nuestra especie. Las políticas que lo aseguran se basan en unas bases filosóficas sólidamente elaboradas y son la decantación de un desarrollo teórico de siglos adaptado a las condiciones concretas de cada sociedad, como defiende la tradicional división de Esping Andersen. Por ello, las propuestas de ruptura en los términos antes indicados, terriblemente simplificadoras, son especialmente peligrosas en este ámbito.
Los cambios que operan sobre las políticas de bienestar, obligando a su permanente actualización, son lentos, y las soluciones, con carácter general, tienden a ser preclusivas: en tanto no se ha consolidado una, no se puede avanzar sobre la siguiente, so pena de que la arquitectura se desmorone antes o después.
A través de cuatro ejemplos, pretendo demostrar que ni los ciudadanos debemos exigir soluciones absolutamente novedosas para salir de esta crisis, ni los empleados públicos, en tanto que conocedores del actual estado de la cuestión en nuestros campos de trabajo, debemos aceptar propuestas políticas en este sentido, por muy efectistas que puedan resultar.
El protagonismo de las tecnologías en esta crisis (en el entretenimiento, el trabajo, las relaciones personales y, por supuesto, la Educación) ha vuelto poner sobre la mesa un viaje sin retorno hacia lo digital. Pero, si bien muchos centros aprovecharán para poner en marcha o afinar sistemas de formación a distancia, no parece plausible que vayamos a desterrar la presencialidad en la Educación. Ya es antigua la salmodia de la necesidad de redefinir la educación para que atienda las necesidades de una sociedad de la información o del conocimiento, discurso amplificado y con tono de admonición apocalíptica desde distintos referentes, sobre todo del sector empresarial (si bien, como demostró Fernández Enguita en este magnífico e irónico artículo, a lo mejor estamos exagerando un poco). Sin negar la necesidad de adaptaciones, resulta paradójico que nos entreguemos con tanto furor a las pizarras digitales, la educación en competencias y el aprender a aprender, cuando tenemos en España una de las menores tasas de graduación en educación Secundaria de la OCDE, por poner un ejemplo. O que en Argentina un ministro de Educación dijese al ser nombrado que Argentina, “junto a Estonia y Singapur formamos una troika que lidera la educación digital” cuando su predecesor había dicho, meses antes, que “hoy la mitad de los jóvenes no terminan el secundario, y la mitad de los que terminan lo hacen sin comprender textos” y los profesores en el país austral cobran un sueldo cercano al salario de miseria. ¿Es factible iniciar una carrera hacia el futuro con estos mimbres, o es una huida hacia delante vistosa y al alcance sólo de un sector de la sociedad, que profundiza las diferencias entre grupos sociales?
Soria ha sido noticia durante esta crisis por la falta de recursos sanitarios. Pero los problema sanitario de Soria no vienen de China, sino de los fallos del sistema y de la evolución demográfica española, que hacen que toda una provincia muy envejecida no cuente con determinadas especialidades, profesionales, equipamiento, instalaciones… Soria no es un pequeño país africano carente de recursos, quede esto claro (es, además, una de las provincias más bonitas de España), pero allí se juntan varios problemas del actual sistema de Salud. Por un lado, la gestión de las Comunidades Autónomas hace que, para algunos procedimientos diagnósticos o terapéuticos, una soriana tenga que ir a Salamanca (a 324 kilómetros) en lugar de a Zaragoza (a 160 kilómetros y con mayores vínculos sociales con Soria). Durante meses, el Hospital de Soria no ha contado con anestesistas ni con otros especialistas. Y no había anestesistas porque hay déficit general de profesionales, y Soria no resulta un destino atractivo en esta pugna porque no hay hospitales privados en los que un anestesista pueda trabajar “por las tardes” para sacarse un sueldo extra, consecuencia de la compatibilidad del personal médico del sector público para trabajar en centros privados -no sin que esto genere varios dilemas éticos- supuestamente a cambio de aceptar un sueldo público relativamente bajo para su formación y responsabilidad, lo que en sí mismo es un problema del Estado de Bienestar. Como vemos, Soria nos enseña mucho siendo tan escasa su población. También nos enseña que la esperanza de vida en España es una de las más altas, y eso es, junto con muchos otros condicionantes, gracias, entre otras cuestiones, a que nos hemos datos de un Sistema Nacional de Salud al servicio de todas las personas enviable y envidiado, cuyas costuras, ya forzadas desde la crisis de 2008, se han visto tensadas al límite por la crisis actual. Sin embargo, poco o nada nuevo se debería proponer: revitalizar la atención primaria, mejorar las políticas de recursos humanos para conseguir una mayor estabilidad del personal al que tanto hemos aplaudido y mejorar la coordinación entre administraciones, con un Ministerio de Sanidad verdaderamente dotado de competencias y recursos humanos (y hasta inmobiliarios: en el último mapa de Gobierno, la icónica sede del Paseo del Prado se dividió para hacer hueco a otros departamentos ministeriales, que también se nutrieron de sus recursos profesionales).
Por lo que se refiere a las prestaciones de carácter económico, la aprobación de la renta universal, pendiente de verse su desarrollo detallado, es una noticia que podría parecer novedosa, pero en realidad viene de un debate extenso, y está incluida en los programas de ambos partidos de Gobierno, que no han hecho más que aprovechar el momento para impulsarla, confiando en la aprobación social mayoritaria ante los complicados tiempos que se esperan. En este caso, la tentación es la contraria, considerar como un hito lo que no es más que la conclusión de un largo debate que ha coincidido, por oportunidad política, en el tiempo con la crisis; y que, por lo tanto, podría ser desmontada por gobiernos ulteriores de mismo o distinto color político aduciendo que se trataba de una medida extraordinaria. La recomendación debe hacerse en el sentido de asentar bien su ejecución, poniendo unas sólidas bases para su desarrollo. Porque, como veremos a continuación, una buena política pública puesta en marcha sin realismo es una malísima idea.
Con respecto al último y considerado más novedoso pilar de nuestro estado de bienestar, las políticas de dependencia, no hay constancia de ninguna propuesta de calado al calor de la actual crisis. Lo que sirve para ejemplificar que el desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia sigue siendo un elefante en la habitación del que no sabemos muy bien como hablar, quizá precisamente porque se impulsó en unas circunstancias de bonanza económica extraordinarias, sin una planificación realista a largo plazo, y que nos habla de la necesidad de ser prudentes en los momentos de crisis, pero también en los de bonanza. Cediendo a una dosis de dramatismo, si ahora lloramos con las historias de personas cercanas que han muerto en soledad por el COVID-19, recordemos cuando pase esto que muchas personas dependientes, mayores en su casi totalidad, viven sus últimos años y mueren solas porque tenemos un sistema de atención a la dependencia que no funciona.
En resumen, la actual crisis del COVID es, si acaso, un catalizador de las medidas que se deben tomar en el continuo proceso de reformas de las políticas del bienestar. Ni siquiera la especial preparación para absorber una crisis pandémica de este tipo es nueva, como ya indicó mi compañera Ana Cabrera el pasado 27 de abril. Dios nos libre de los cambios radicales y de los gatopardismos, y de los políticos y gestores públicos que buscan rédito inmediato ante esta situación. O mejor, librémonos nosotros mismos, en tanto que ciudadanos y gestores públicos.
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