JUAN HERNÁNDEZ ALFARO

Recientemente mi compañero Juan Ramón Bedmär realizaba en este blog una defensa de la necesidad de abordar el debate sobre Monarquía o República desde la racionalidad, indicando que «siempre es conveniente ampliar la perspectiva y jugar a pensar que quizás la adhesión emocional poco tiene que ver con los argumentos de nivel que de verdad ayudan a respaldar una defensa». Hasta aquí, estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, creo que es necesario matizar algunas cuestiones de las indicadas en aras a favorecer el debate racional, sobre todo porque creo que los tres ejes que planteaba no son precisamente los que deben guiar el debate para alejarlo del fanatismo futbolístico.

Vaya por delante que servidor no es ni del Barça, ni del Madrid, ni siquiera del Atleti, pertenencia esta última que parece indicarse con un halo de legitimidad cuando se mezclan fútbol y política similar a una tercera vía de lo futbolístico de la que también se puede escribir mucho. Soy del Numancia, y ahora mismo no estamos ni en el mapa. Por otro lado, y más importante para el caso, declaro mis dudas en el debate sobre la forma del Estado, que arrastro desde que tengo conciencia y que ni siquiera a día de hoy están aclaradas.

«No parece fácil separar los actos cometidos por el titular del trono de la institución, sobre todo si se trata de actos que ha podido cometer precisamente porque era el titular del trono»

Hechas estas precisiones, abordo las aclaraciones que, creo humildemente, que se deben hacer para iluminar el debate, y que se refieren a las tres afirmaciones indicadas por Juan Ramón:

  • El titular de la Corona es diferente de la propia institución y de la Jefatura del Estado. Esto es sólo cierto a medias. Si bien la muerte o renuncia de un rey no agota la Corona, cuando la Constitución de 1978 indica en su artículo 57.1 que «la Corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica», ya nos está diciendo que hay, al menos, una relación especial entre los titulares y la institución que no se da entre el presidente de la Diputación Provincial de Soria y la propia Diputación Provincial, por poner un ejemplo. Entre otras cosas, porque si el mencionado presidente comete delitos que lo lleven a dejar la presidencia, esta no recae de manera automática en sus sucesores, pertenezcan o no a una dinastía histórica. Por lo tanto, no parece fácil, o tan fácil como en otros casos, separar los actos cometidos por el titular del trono de la institución, sobre todo si se trata de actos que ha podido cometer precisamente porque era el titular del trono y la propia institución y su encaje constitucional lo han permitido o al menos no lo han impedido.
  • La República no es de izquierdas ni la Monarquía de derechas. Sin entrar a definir izquierda y derecha, podemos decir que lo primero es muy cierto, y basta con ver que las distintas repúblicas que nos rodean conviven todas las ideologías alternándose con normalidad. Ni siquiera la mera nomenclatura de República es democrática, basta también con ver que muchos países se han denominado o se denominan República y son, formalmente, dictaduras. Lo curioso es que el contrario, monarquías de izquierdas, es bastante más raro que suceda; de hecho, lo único parecido serían, con un gran esfuerzo, las monarquías socialdemócratas nórdicas. Nunca un rey ha declarado su fulgor socialista o comunista, y son raras las ocasiones en las que la nobleza -parte inseparable de la Monarquía, recordemos- ha declarado su voluntad espontánea de rechazar sus privilegios heredados en pos de una mayor igualdad social. Y quizá eso se deba a que los principios republicanos -tomemos la triada clásica para no complicarnos: libertad, igualdad, fraternidad- combinan mal con la designación divina y la herencia de derechos exclusivos por razón de la sangre. Puede haber personas de izquierda que en un momento dado defiendan la Monarquía, pero no me parece factible afirmar nada más allá de esas posturas personales.
  • Ambas formas políticas del Estado tienen la misma legitimidad democrática. Efectivamente, no todo lo que se vota es democrático, ni todo lo democrático se vota. Pero convengamos que, si vamos más allá del hecho, en absoluto menor, de que la Constitución fue votada y bien votada, y buscamos las bases de la legitimidad monárquica, nos llevan a la Gracia de Dios, los lazos de sangre y otras cuestiones que palidecen un poco ante las raíces de la legitimidad democrática de un presidente republicano, al menos si nos guiamos por la Filosofía y la Ciencia Política.

Si queremos tener un debate racional, estas cuestiones deben dejarse sentadas de antemano. No podemos intentar situar una institución histórica como la monarquía, la nuestra y cualquier otra, en el mismo plano que las instituciones de gobierno liberal que surgen a partir de la Ilustración.

«No todo lo que se vota es democrático, ni todo lo democrático se vota»

El debate no es si la decisión de confiar en una familia determinada la Jefatura del Estado es igual de democrático que someterla a un cargo electivo. La prueba de ello es que cada vez que se intenta poner en plano de igualdad ambas opciones con criterios técnicos, acaba resultando en una defensa, voluntaria o sobrevenida, de la Monarquía.

El debate racional es el que debe llevarnos, como ciudadanos libres y como sociedad democrática, a superar estas cuestiones y, asumidas las limitaciones del modelo, centrarse en la utilidad. En este sentido, creo que son dos las preguntas que debemos responder:

a) ¿Queremos poner los valores absolutos de la democracia por encima de la utilidad y el pragmatismo? Si la respuesta es sí, fiat Republica et pereas mundus. Asumamos el modelo republicano sin beneficio de inventario y ojalá tengamos suerte. Fin del debate.

b) Si la respuesta a la anterior pregunta es no o depende, la siguiente cuestión que debemos abordar es ¿va a darnos mayor prosperidad como Estado mantener un pacto monárquico o cambiarlo por una República?

El problema de avanzar sobre el segundo debate, que es al que intuyo que nos llevarían el pragmatismo y la división social actual al respecto, es que está lleno de incertidumbres, de cálculos difíciles o imposibles, y, en definitiva, supone una decisión que recae sobre nuestras espaldas y que, quizá porque rehusamos tomarla por falta de madurez política personal o como sociedad, nos lleva a encastillarnos de manera mayoritaria en posturas enfrentadas, heredadas como decía Juan Ramón, o peor aún, a una apatía frente a esa responsabilidad de afrontar nuestro destino que impiden cualquier avance serio en el debate. Estos avances podrían venir por la necesaria reforma del sistema monárquico para salvar sus mayores deficiencias o por la institución ordenada de la República, pero su ausencia mantiene una situación que amenaza con una larga decadencia o con un colapso de un día para otro sin orden ni concierto y no parecen buenas opciones.

«Los principios republicanos combinan mal con la designación divina y la herencia de derechos exclusivos por razón de la sangre»

De esta guerra de posiciones probablemente se sale como concluye la entrada causante de esta repuesta a través de un «proceso en el que uno se despoja de los mantras ideológicos que le han acompañado toda su vida, para convertirse en el profesional neutro, racional y equilibrado que se espera de él», sobre todo en lo referido a la preparación de oposiciones. De nuevo estamos de acuerdo, pero la preparación también incluye un conocimiento de la Historia de España -que en el caso de Juan Ramón es mucho mayor que el mío- que nos permita poner en su debido contexto cada decisión; y en este sentido, cada vez que ha habido un debate entre monarquía y república en la Historia contemporánea de nuestro país, los argumentos para mantener la Monarquía siempre han sido los mismos, de carácter paternalista, sobre todo la inmadurez del pueblo español para dirigirse por sí mismo y la necesidad de un monarca que cumpla con esa función, cuestión que asoma de nuevo en esta ocasión ante las tensiones territoriales e ideológicas. Quizá en este momento nos merezcamos, por fin, un debate sincero y sin atajos, sin tutelas y sin falsas dicotomías.

Foto: Imagen de Prawny en Pixabay
Juan Hernández Alfaro es Administrador Civil del Estado, preparador de CSACE en SKR Preparadores y miembro del claustro de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública SKR/UAX. Actualmente ejerce como Secretario General en la Consejería de Empleo y Seguridad Social en la Embajada de España en Argentina.